Trabajadores viales le enviaron una nota al Congreso para pedirle formalmente a los legisladores nacionales que frenen el cierre de Vialidad Nacional, al tiempo que presentaron un petitorio ante gobernadores por la eliminación del organismo, y alertaron sobre el impacto profundo que implicaría esa medida.

De esa manera, el Sindicato Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina, liderado por Graciela Aleñá, exigió que tanto los gobernadores como los legisladores nacionales deroguen con urgencia el decreto presidencial 461/25 que elimina la Dirección Nacional de Vialidad y transfiere sus funciones a Economía y Gendarmería, en el que además anticipan medidas de lucha en todas sus seccionales.

El gremio sostiene que el cierre de Vialidad Nacional no solo representa una amenaza laboral con miles de despidos, sino que también condiciona la infraestructura y cohesión nacional, al tiempo que erosiona el concepto de “patria” por dejar las rutas sin organismo rector.

Por eso, desde el sindicato de trabajadores viales abogan por preservar Vialidad Nacional como núcleo estratégico del Estado. En tanto, Ricardo Herrera, Juan Marino y Mario Manrique, diputados de Unión por la Patria, junto a representantes de izquierda como Alejandro Vilca y Christian Castillo, recibieron el petitorio sosteniendo su respaldo y compromiso político con los empleados del área.

Es preciso mencionar que, la medida tomada por el presidente Javier Milei, no sólo disuelve Vialidad Nacional después de 93 años de que se haga responsable del mantenimiento de más de 40.000 km de rutas, sino que provocó críticas por su impacto en la seguridad vial, los despidos, y el abandono de rutas no concesionadas por privados.

En ese sentido, sindicalistas advierten que podrían perder el empleo más de 5.000 trabajadores viales, y que muchas provincias no tienen capacidad técnica o presupuestaria para hacerse cargo del mantenimiento de las rutas y caminos, lo que podría derivar en una crisis vial y aumento de accidentes.

En tanto, desde la Confederación General del Trabajo (CGT) alertaron que la decisión no solo pone en riesgo puestos de trabajo sino que exacerbará la inseguridad vial y fragmentará la infraestructura nacional, al tiempo que consideran que la medida “prioriza ajustes económicos sobre protección social y federalismo”.

Además, sindicatos anticiparon acciones judiciales y medidas gremiales en respaldo a los trabajadores del sector, y en defensa de Vialidad Nacional como organismo esencial para la planificación y el bienestar de todos los caminos que integran la Argentina.

El cierre de Vialidad Nacional fue dispuesto por el propio Presidente a horas de que se vencieran las facultades delegadas que le otorgó el Congreso el año pasado, en el marco de un paquete que también disolvió la Comisión de Tránsito y la Agencia de Seguridad Vial, y creó una nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte bajo el Ministerio de Economía.

En tanto, el Ejecutivo justificó la medida alegando sobredimensionamiento administrativo, un 67 % del personal realizaba tareas técnicas o jerárquicas y solo 33 % operativas, y prometió un ahorro fiscal cercano a los USD 100 millones anuales.

Sin embargo, expertos y gremios advirtieron que, lejos de optimizar los recursos, el cierre de Vialidad Nacional genera riesgo de abandono técnico de más de 9.000 km de rutas que entrarán en licitación privada, muchas con peajes, mientras desaparece la planificación estatal y pone en duda la continuidad de obras en ejecución.

La desaparición de Vialidad Nacional también implica la pérdida de campamentos y bases técnicas en todo el país, especialmente en zonas rurales y del noroeste, que funcionaban como soporte operativo y aseguraban presencia estatal en áreas alejadas.