El Gobierno nacional de Javier Milei avanza con la privatización de la red vial bajo el nuevo esquema de concesión de rutas nacionales estratégicas, y comenzó la semana con el anuncio de que en los próximos días se lanzará la licitación nacional e internacional para la Etapa II de la Red Federal de Concesiones, que prevé entregar a manos privadas el mantenimiento y explotación de 4.400 kilómetros en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis y La Pampa, divididos en ocho corredores viales.

La medida, impulsada por el Ministerio de Economía y la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, dependiente de la cartera que lidera Luis Caputo, forma parte del programa de desestatización progresiva de la infraestructura nacional que impulsa la gestión de Milei, mientras que la resolución fue anunciada luego de que se hiciera pública la extensión del plazo de la Etapa I, que incluye la denominada “Ruta del Mercosur” y que pasó su cierre de agosto a septiembre a pedido de las empresas interesadas.

En esta segunda fase, que abarca 4.428,93 kilómetros de rutas nacionales estratégicas, se incluyeron trazas que hasta ahora estaban en manos de Corredores Viales S.A., así como rutas que estaban bajo administración directa del Estado. Entre ellas figuran la Ruta Nacional 3, la Ruta Nacional 205, la 226, la 5, la 7, la 35, la 8, la 33, la 188 y varias autopistas clave para el acceso y egreso logístico desde la región pampeana hasta los puertos del litoral.

El detalle de los corredores licitados incluye el Tramo Sur de Cañuelas a Bahía Blanca, el Tramo Atlántico de Mar del Plata a Bolívar, el Tramo Pampa de Luján a Santa Rosa, el Tramo Mediterráneo de la Ruta 7 y 35, el Tramo Puntano de Pilar a Villa Mercedes, el Tramo Portuario Sur de Campana a Rosario, el Portuario Norte de San Nicolás al centro del país, y el Acceso Sur, que comprende la autopista Ricchieri, Newbery y el tramo que conecta Ezeiza con Cañuelas.

En tanto, la licitación que lanzará el Gobierno en los próximos días exige a las empresas adjudicatarias la ejecución de obras de rehabilitación de calzadas, mejoras estructurales, iluminación, señalización y seguridad, con auditoría estatal. Además, se implementará el sistema de peajes electrónicos Free Flow, que elimina barreras físicas y buscará digitalizar por completo el sistema de cobro para mediados de 2027.

Según el Gobierno nacional, la red de 9.154 kilómetros que conforma toda la Red Federal de Concesiones “representa apenas el 20% de la extensión vial nacional, pero absorbe el 80% del tránsito vehicular del país”. Por eso, la política oficial apunta a reducir costos de mantenimiento directo y mejorar estándares de servicio mediante inversión privada, en un modelo que replica esquemas ya implementados en otros países.

El marco legal de la iniciativa está respaldado por el Decreto 97/2025, que además de autorizar la concesión de los tramos incluidos en esta etapa, habilita la extinción de los contratos vigentes con Corredores Viales S.A. y su posterior liquidación. Los consorcios interesados deberán acreditar solvencia financiera, antecedentes técnicos y presentar garantías específicas para el cumplimiento de las obras.

No obstante, este avance en la privatización se da en paralelo con una decisión judicial que puso freno a otro decreto de Milei que ordenaba la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad. La jueza federal Martina Forns suspendió esa disposición hace más de una semana, y pese a ello, desde el Ejecutivo aseguran que la decisión de terminar con ese organismo responde a una “reorganización funcional” que eliminará superposiciones con la Secretaría de Transporte.

Desde la administración libertaria explicaron que el modelo en marcha busca transformar la lógica de la obra pública, reemplazando la intervención directa del Estado por concesiones privadas. Así, la Dirección Nacional de Vialidad dejará de tener sentido bajo este nuevo esquema, por lo que se proyecta su absorción por áreas técnicas del Ministerio de Economía.

El proceso de licitación para las rutas nacionales estratégicas será supervisado por la Secretaría de Transporte, en coordinación con el equipo jurídico de la Casa Rosada. La Subsecretaría de Energía Eléctrica también participará en la elaboración de los pliegos técnicos de licitación, los cuales serán publicados a través de la plataforma CONTRAT.AR, utilizada para otros procesos de privatización como el del Belgrano Cargas o Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA).

El nuevo modelo de gestión de rutas nacionales estratégicas también contempla la integración con corredores portuarios, especialmente en los accesos a Rosario y Campana, que son clave para la salida de exportaciones del complejo agroindustrial argentino. En este sentido, la licitación apunta no solo a mejorar el estado de los caminos, sino también a agilizar la logística y reducir tiempos de tránsito.

Mientras tanto, en las provincias afectadas se abre el interrogante sobre los efectos sociales, laborales y económicos de esta transferencia. Es que, la liquidación de Corredores Viales, que emplea actualmente a cientos de trabajadores en tareas de mantenimiento, plantea desafíos en materia de empleo y continuidad de servicios esenciales en zonas rurales y logísticamente críticas.