Las profesionales que recomendaron la tenencia del niño están en el centro de la controversia tras su trágico asesinato.

La Fundación Más Vida ha presentado una denuncia contra las psicólogas Jennifer Leiva y Vanesa Marín, quienes emitieron informes que facilitaron que Ángel López, asesinado a golpes, viviera con su madre en Comodoro Rivadavia. Ambas profesionales apoyaron la tenencia de Mariela Altamirano, actualmente detenida junto a su pareja.

La denuncia se basa en supuestas violaciones de deberes de funcionario e informes falsos, ya que los documentos fueron determinantes para que el juez Pablo José Pérez decidiera a favor de Altamirano. Según la fundación, las psicólogas actuaron por motivos ideológicos sin considerar las condiciones de vida del niño.

Además, se reveló que la casa donde vivía Ángel carecía de condiciones adecuadas y que el niño dependía de un comedor barrial para alimentarse. Un informe de su maestra indicó que el pequeño mostraba cambios de comportamiento preocupantes días antes de mudarse con su madre.