La PIA pidió continuar con las medidas de prueba y cinco inversores buscan recuperar su lugar como querellantes.
La investigación por la presunta criptoestafa vinculada con Javier Milei, Karina Milei y otros nueve imputados podría reabrirse por dos vías judiciales. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) busca asumir la acción penal, luego de que el fiscal Eduardo Taiano impulsara el cierre del caso.
El 29 de octubre, la PIA calificó el cierre de prematuro y pidió profundizar las pruebas, con peritajes de dispositivos electrónicos, análisis de comunicaciones y trazabilidad de operaciones. Taiano rechazó el planteo el 11 de noviembre y sostuvo los sobreseimientos. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi deberá resolver si habilita la intervención del organismo; la PIA apeló de forma subsidiaria.
La otra vía corresponde a cinco inversores —Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero y Martín Romeo— apartados como querellantes. El 4 de noviembre, la Cámara Federal de Casación Penal habilitó la revisión de esa decisión y también concedió un recurso de dos damnificados bielorrusos. La resolución no los reincorporó automáticamente: esperan una decisión que les permita cuestionar los sobreseimientos y pedir nuevas pruebas.
