La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presentó una nueva denuncia penal contra la empresa ALFARMA SRL y contra HLB Pharma Group S.A., por el presunto delito de evasión fiscal que, solo en el período fiscal 2021-2022, superaría los 112 millones de pesos. Ambas firmas están ligadas al empresario, Ariel García Furfaro, quien se encuentra en la mira de la Justicia por su vínculo directo con la producción de fentanilo contaminado que ya provocó la muerte de al menos 53 personas.

La denuncia fue radicada ante la Justicia Nacional en lo Penal Económico, y alcanza no solo a las compañías farmacéuticas sino también a sus socios y responsables: Carlos Antonio Tita, Oscar Alberto Ruffinengo, Ariel García Furfaro y Damián Roberto García. Según el informe técnico elaborado por la Dirección General Impositiva (DGI), la maniobra incluyó el uso de facturas apócrifas emitidas por proveedores fantasma, créditos fiscales sin justificación y omisiones deliberadas en la declaración del prorrateo del IVA, obligatorio para ciertas actividades económicas.

De acuerdo al Régimen Penal Tributario, la cifra evadida de $112.774.108,22 configura una evasión agravada, con penas que pueden ir de tres años y medio hasta nueve años de prisión. ARCA remarcó que este es uno de los mayores montos detectados en el último año por maniobras de evasión agravada del Impuesto al Valor Agregado (IVA) dentro del sector farmacéutico, actualmente bajo fuerte vigilancia por sus conexiones con el escándalo sanitario nacional.

En paralelo, la semana pasada, la misma agencia denunció penalmente a otra firma del mismo grupo societario de HLB Pharma Group S.A. En ese caso, la evasión fiscal correspondería a los ejercicios 2019 y 2020, con un perjuicio al fisco estimado en $7.222.659,86. En su presentación, ARCA afirmó que los comprobantes utilizados por la firma fueron “incorporados a los efectos de disminuir la carga impositiva”, una confesión que, según la denuncia, agrava la situación procesal de los involucrados.

La conexión entre ambas causas fiscales, los nombres repetidos y los mecanismos replicados fortalecen la hipótesis de la agencia sobre la existencia de un patrón sistemático de evasión dentro de la estructura empresarial que dirige García Furfaro. “Detectar operaciones con proveedores que ya estaban en la base de contribuyentes apócrifos es un indicio clave”, explicaron fuentes cercanas a la investigación, que remarcaron la coincidencia de prácticas en distintos períodos fiscales.

El caso toma mayor gravedad por el contexto sanitario que rodea a estas firmas, luego de que HLB Pharma Group S.A. fuera señalada como una de las responsables de la producción y distribución de lotes contaminados de fentanilo inyectable que provocaron muertes en clínicas y hospitales de distintas provincias. La investigación judicial, que encabeza el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, ya acumula 267 expedientes, de los cuales 117 son por desvío de calidad en medicamentos.

A raíz de estos antecedentes, el magistrado ordenó el allanamiento de 22 domicilios ligados al grupo empresarial, incluyendo laboratorios, droguerías y sedes operativas. El operativo se enfocó especialmente en los lotes de “FENTANILO HLB / CITRATO DE FENTANILO” que fueron señalados por contener bacterias peligrosas y que derivaron en 133 alertas sanitarias.

En tanto, el futuro procesal de ALFARMA SRL dependerá del avance de la instrucción judicial, mientras que ARCA ya adelantó que el seguimiento de los vínculos societarios, sumado al cruce de datos con proveedores ficticios, podría derivar en nuevas presentaciones en los próximos meses. La lupa sobre el sector farmacéutico se intensifica con cada hallazgo contable y sanitario.

La gravedad del caso del fentanilo contaminado dio impulso a una serie de acciones judiciales en paralelo que complican aún más la situación del grupo farmacéutico liderado por Ariel García Furfaro. La semana pasada, el juez Kreplak avanzó con allanamientos en 22 domicilios vinculados a HLB Pharma Group S.A. y a su elaborador exclusivo, Laboratorios Ramallo, en el marco de una investigación que busca esclarecer la cadena de responsabilidades en la distribución de insumos contaminados.

De los 267 expedientes analizados, 117 corresponden a fallas de calidad en la fabricación de medicamentos, generando más de 130 alertas sanitarias. Los peritajes técnicos sobre los lotes cuestionados confirmaron la presencia de bacterias peligrosas en productos clínicos inyectables, que habrían causado el fallecimiento de al menos 53 pacientes.

En dos oportunidades anteriores, la Justicia había allanado laboratorios y droguerías vinculadas al grupo investigado y la repetición de las intervenciones, sumada a los indicios de evasión fiscal sistemática, alimentan la hipótesis de un entramado irregular de comercialización y elusión impositiva que va más allá de simples errores administrativos.