Los fondos demandantes en el juicio por la estatización de YPF solicitaron ante los tribunales de Nueva York que la jueza Loretta Preska declare en desacato a Argentina y le aplique sanciones económicas. Los litigantes sostuvieron que el Estado argentino incumplió órdenes judiciales vinculadas al proceso de discovery, orientado a acceder a datos telefónicos y comunicaciones de autoridades nacionales.

La presentación fue realizada por los abogados de Petersen y Eton Park, con respaldo financiero de Burford Capital, en el marco del litigio por la expropiación de YPF durante el gobierno de Cristina Kirchner en 2012. En ese marco, la defensa del Estado nacional ya anticipó que rechazará el planteo cuando presente su respuesta formal y buscará apelar el recurso de los denominados “fondos buitre”.

Vale precisar que las partes denunciantes reclamaron al menos cinco sanciones contra Argentina para avanzar en el cobro de la sentencia de fondo, que condenó al país a pagar US$ 16.100 millones más intereses, por la reestatización de YPF.

Entre los pedidos, los acreedores solicitaron que la Justicia declare como “alter ego” del Estado argentino a distintos organismos públicos y empresas, entre ellos el Banco Central de la República Argentina (BCRA), el Banco Nación, la propia YPF y Aerolíneas Argentinas.

Para sostener el planteo, los demandantes reclamaron el acceso a comunicaciones no oficiales de funcionarios de la actual conducción libertaria y exfuncionarios nacionales. El pedido incluyó mensajes de WhatsApp, correos electrónicos y otros intercambios privados que, según los acreedores, permitirían demostrar que esos organismos actuaron como una extensión directa del Estado.

Asimismo, los fondos solicitaron que Loretta Preska declare a la Argentina en desacato por incumplir deliberadamente una orden judicial y pidieron la aplicación de una multa coercitiva de al menos un millón de dólares diarios, pagadera al tribunal mientras persista el incumplimiento, junto con sanciones civiles adicionales.

El escrito también planteó que, si el país argumenta que no puede acceder a comunicaciones clave, la jueza convoque a una audiencia con testigos en vivo. Esta instancia podría incluir a funcionarios del gobierno de Javier Milei, como el ministro de Economía, Luis Caputo y el canciller Pablo Quirno, además del reclamo para que la Argentina afronte los honorarios y costos legales del proceso.

De acuerdo al cronograma judicial, la defensa argentina responderá el próximo 19 de febrero, mientras los demandantes presentarán su contrarréplica el 5 de marzo. Las audiencias están previstas para los días 23 y 24 de marzo, cuando Preska definirá si hace lugar al pedido de sanciones, en un fallo que podría tener consecuencias económicas y financieras relevantes para el país.

El caso por la expropiación de YPF se encuentra actualmente en etapa de apelación ante la Corte del Segundo Circuito de Nueva York. Hace algunas semanas, los abogados del Estado argentino y de los fondos demandantes expusieron durante una audiencia decisiva que podría definir si se confirma o se revierte la condena de 16.100 millones de dólares más intereses, que dictó la jueza Loretta Preska en septiembre de 2023.

Durante esta audiencia, los magistrados José Cabranes, Denny Chin y Beth Robinson escucharon los argumentos y pusieron el foco en la jurisdicción del caso, al plantear si debía resolverse en tribunales estadounidenses o en la Justicia argentina. En ese marco, la Procuración del Tesoro destacó la claridad y convicción del equipo legal nacional, mientras que los representantes de los demandantes defendieron la validez del fallo original.

Es que, el Gobierno argentino cuestionó que la demanda se base en una interpretación errónea del derecho local y sostuvo que las sociedades Petersen y Eton Park, financiadas por Burford Capital, “obtuvieron sus acciones mediante operaciones privadas en España, atravesadas por sospechas de corrupción y connivencia política”.

A partir de esa exposición, el Estado cerró la instancia oral del proceso, que ahora quedó en manos del tribunal de apelaciones. Aunque los jueces pueden fallar en cualquier momento, habitualmente suelen demorar varios meses, por lo que la sentencia de Preska sigue vigente y el proceso de ejecución avanza en paralelo en el Distrito Sur de Nueva York.