La diputada de la UCR + Cambio Federal, María Belén Malaisi, exige conocer los detalles sobre el funcionamiento de la Fuerza Barrial de Aproximación, un grupo especializado que integra la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas de la Policía Bonaerense.
La diputada oriunda de San Andrés de Giles, presentó una solicitud de informes en la Legislatura bonaerense para conocer la cantidad de efectivos desplegados por el Ministerio de Seguridad en carácter de Fuerza Barrial de Aproximación, la formación de los oficiales que la integran y los criterios utilizados por el Ejecutivo para distribuir estas unidades en el territorio de la Provincia.
El proyecto advierte que solo 23 de los 135 municipios que integran la provincia de Buenos Aires cuentan actualmente con presencia de la Fuerza Barrial de Aproximación, lo que genera interrogantes respecto a la equidad en su asignación. Además, la diputada bonaerense solicita detalles sobre cuándo serán incorporados los distritos que todavía no cuentan con esta unidad de la Policía Bonaerense, y cuáles son los parámetros técnicos o políticos que se tienen en cuenta para definir su despliegue territorial.
En el escrito, Malaisi plantea las inquietudes de sus pares sobre la capacitación que reciben dichos los agentes de la Policía Bonaerense, particularmente en temas sensibles como salud mental y violencia de género. Por eso, el texto solicita que las autoridades del Ejecutivo bonaerense informen si los efectivos están instruidos para intervenir ante situaciones de salud mental conforme a la Ley Provincial 14.442, y si en esos casos se articulan acciones con las Asesorías Tutelares y Curadurías Oficiales del Ministerio Público Fiscal.
En la misma línea, Malaisi solicitó saber qué tipo de formación específica tienen los Policías Bonaerenses de la Fuerza Barrial que integra la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas en materia de género, cuál es la carga horaria que reciben en estudios de este tipo, y qué bibliografía utilizan en esas capacitaciones.
La diputada justifica su planteo en los datos difundidos por el anuario 2024 del Poder Ejecutivo, donde se detalla la existencia de 23 Fuerzas Barriales de Aproximación, todas en el Conurbano bonaerense, número que no coincide con los 21 departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires, lo que reforzaría la necesidad de conocer el criterio exacto de distribución aplicado por el Ejecutivo de Axel Kicillof.
Según informó el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, las tareas asignadas a la Fuerza Barrial de Aproximación incluyen patrullajes barriales, controles de seguridad, atención de conflictos familiares, violencia de género y problemáticas relacionadas con la salud mental.
Sin embargo, Malaisi sostiene que este amplio rango de funciones que debe cumplir la división barrial de aproximación de la Policía Bonaerense “requiere una formación específica y constante” para garantizar la protección de derechos humanos y el respeto por los marcos legales existentes.
Por último, el pedido de informes de Malaisi también apunta a determinar cuántos efectivos de la Policía Bonaerense integran la Fuerza Barrial de Aproximación, y qué proporción representan respecto al total de la planta del Ministerio de Seguridad. Es que, la legisladora advierte que al tratarse de una fuerza especializada, resulta indispensable conocer con precisión cómo se conforma, cuáles son sus recursos y cómo se supervisa su actuación.
Es preciso mencionar que, el proyecto de Malaisi ingresó a la Legislatura bonaerense pocos días después de que la Policía Bonaerense llevara a cabo un violento operativo en el barrio La IAPI de Quilmes, que terminó con un nene de 10 años herido por balas de goma y vecinos amedrentados en la puerta de un comedor.
En ese momento, los vecinos e integrantes del comedor “Es la hora de ser feliz”, denunciaron que el operativo de represión y desalojo fue llevado a cabo por agentes especiales de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de la Policía Bonaerense, por lo que la Fuerza Barrial de Aproximación podría estar directamente involucrada en el hecho que culminó con un nene de 10 años internado por las heridas de las armas institucionales.