La Corte IDH consideró que la remoción del exjuez vulneró la independencia judicial y ordenó medidas económicas y administrativas para sus herederos.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado argentino por la destitución de Eduardo Moliné O’Connor, apartado de la Corte Suprema en diciembre de 2003 mediante un juicio político, durante la presidencia de Néstor Kirchner. El tribunal señaló que la medida se basó en el contenido de sus sentencias y que hubo irregularidades en el proceso.

La Corte IDH sostuvo que el “mal desempeño” no puede fundarse en decisiones tomadas por un juez en ejercicio. También cuestionó la falta de sustento suficiente para destituirlo, la respuesta a los recursos que presentó, la revocación de su pensión vitalicia en 2004 y la demora de casi veinte años en resolver su reclamo. Además, pidió aplicar el artículo 53 de la Constitución en consonancia con la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Como Moliné O’Connor falleció en agosto de 2014, el Estado deberá cumplir en un año medidas en favor de sus herederos: restablecer la pensión prevista en la Ley 24.018, con efecto retroactivo a su muerte, y pagar US$300.000 a su viuda, US$75.000 a cada uno de sus cuatro hijos y US$30.000 a sus representantes legales. Designado en 1990 por Carlos Menem e integrante de la llamada “mayoría automática”, había sido destituido por el Senado el 3 de diciembre de 2003, por 45 votos contra 19.