La comunidad y el Estado deben unirse para abordar el suicidio como una grave problemática de salud pública.
El suicidio, considerado un problema prioritario de salud pública, exige una respuesta firme y coordinada entre el Estado, la sociedad civil, los servicios de salud y las familias. En 2025, Argentina alcanzó un récord de 5.209 suicidios, con una tasa alarmante de 11,8 por cada 100.000 habitantes, afectando especialmente a adolescentes y jóvenes.
La pandemia debilitó las redes de contención emocional, mientras que el consumo digital exacerbó problemas como el estrés y la ansiedad. A pesar de contar con la Ley Nacional N° 27.130, que establece un marco legal para el registro de intentos de suicidio y autolesiones, su implementación aún es insuficiente.
Es crucial que la comunidad educativa y el sistema de salud trabajen juntos para identificar señales de alerta y ofrecer apoyo continuo a quienes lo necesitan. La prevención del suicidio es una responsabilidad colectiva que no puede esperar más.
