El gobernador Jaldo recurre a la Corte para mantener la intervención del IPLA a pesar de un fallo que ordena su finalización.
El Gobierno de Osvaldo Jaldo presentó un recurso extraordinario de casación contra una sentencia que le exige terminar en 60 días con la intervención del Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA), vigente desde julio de 2000. La decisión judicial se tomó tras el compromiso de Jaldo de acatar la sentencia.
La Fiscalía de Estado argumenta que los propietarios de salones de fiestas no demostraron un perjuicio personal y critica la imposición de soluciones específicas al Ejecutivo. Jaldo había asegurado que cumpliría con la decisión, pero su administración busca ahora revertirla.
La controversia se complica con un decreto reciente que prorrogó la intervención del IPLA por 60 días. La Provincia también reservó la posibilidad de un recurso federal si la Corte tucumana mantiene el fallo, dejando la situación del IPLA en un estado incierto.
